“El ingreso mínimo vital, un reto y una oportunidad”, Desayuno Jurídico por la Fundación Legálitas y la Fundación Once

Como parte de la serie de los “Desayunos Jurídicos”, unos encuentros virtuales organizados por la Fundación Legálitas y Fundación ONCE en los que debatir, informar y divulgar temas de interés social relacionados con el mundo del Derecho, el pasado martes 25 de mayo se llevó a cabo la sesión “El ingreso mínimo vital, un reto y una oportunidad”.

Como ya viene siendo habitual durante estos encuentros, durante una hora, varias expertas debatieron y expusieron su opinión sobre una prestación muy demandada en los últimos meses: el Ingreso Mínimo Vital o IMV.

Con la llegada de la pandemia por coronavirus, la precariedad en muchas familias se ha acentuado y la brecha digital en los hogares españoles se ha extendido.

Así, prestaciones como el IMV surgen con el objetivo de paliar las vulnerabilidades de las personas que más lo necesitan. Sobre este tema giró el último encuentro virtual organizado por ambas fundaciones, presentado y moderado por Miguel Ángel Villanueva, director de Relaciones Institucionales de la Fundación Legálitas, y que contó con la apertura institucional de Teresa Palahí, secretaria general de la Fundación Once.

Asimismo, se contó con la participación de Amparo Iglesias, abogada de Legálitas especialista en Derecho Laboral y de la Seguridad Social, que inauguró la sesión explicando en qué consiste el Ingreso Mínimo Vital, como mecanismo para paliar la pobreza de muchas familia, es decir, “como una prestación en la que se reconoce a todas las personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad económica”.

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Así, tal como explicó la letrada, esta prestación tiene una serie de requisitos previos que se deben cumplir, una serie de peculiaridades, sobre todo en cuanto al acceso y a la cuantía de la prestación. Estas peculiaridades, añadió tienen como objetivo favorecer los casos más sensibles, “sin perjuicio de que todas las enmiendas que se están proponiendo pretenden una mayor protección para los colectivos más vulnerables”.

Ana Abril, coordinadora de Incidencia Política y Comunicación de Cáritas, puso de relieve la situación extrema en la que se encuentran muchas familias y por ello la necesidad de esta medida. No obstante, expresó las carencias que aún existen. “Hay colectivos excluidos del Ingreso Mínimo Vital”, afirmó, poniendo como ejemplo a las familias de una sola persona, a los menores de edad o a las personas que no tienen acceso a recursos como internet o incluso una cuenta bancaria, necesaria para recibir la prestación.

Desde Cáritas, tal como afirmó la panelista, hacen propuestas jurídicas y están diálogo con todos los grupos parlamentarios, “para que el IMV llegue a las personas que realmente lo necesitan”.

Por otro lado, se contó igualmente con la participación de Inés de Araoz, coordinadora del Departamento Jurídico de Plena inclusión España.

Las dificultades de los trámites de acceso, un escollo a la hora de acceder a la prestación

“Creemos que el ingreso mínimo vital no tiene en cuenta a las personas con discapacidad por muchos motivos”, afirmó la experta. En primer lugar, expuso, nos encontramos con las dificultades del trámite de acceso (documentación, gestiones…), problema que también pudieron corroborar Amparo Iglesias y Ana Abril.

Además, “las personas con discapacidad que puedan acceder a este tipo de prestación van a ser personas con otras dificultades”, añadió de Araoz, dificultades como pueden ser provenir de entornos de pobreza o personas sin estudio, entre otras circunstancias, que hacen que” les resulte mucho más dificultoso acceder”, explicó, recalcando así que la accesibilidad no está siendo tenida en cuenta.

Por otro lado, “las personas que tienen prestaciones no contributivas o otros tipo de prestaciones quedan excluidas de la norma”, y esto es una limitación, ya que el hecho de que una persona tenga una prestación asignada “no significa que no tenga una situación de pobreza”, expresó,  enfatizando, además, que esta prestación “debe promover el empleo y que se incentive la inserción en el mercado laboral”, y no ser, por el contrario, un desmotivador, como suele ser el estigma con ciertas prestaciones, a la hora de que estas personas busquen un empleo.

La protección especial a ciertos colectivos es un motivo recurrente en la norma

En cuanto a la protección para las personas más vulnerables, se destacó el caso de las familias monoparentales, víctimas de violencia de género, así como las víctimas de trata, las cuales son excepciones recurrentes a lo largo de la norma.

Además, se trataron ejemplos prácticos de cómo una persona puede recibir el Ingreso Mínimo Vital, a pesar de la dificultad de poder calcular dicha prestación, al depender estrechamente de las circunstancias personales de cada caso, y de nuevo la dificultad y complejidad del mero hecho de hacer la solicitud del ingreso.

“Todavía hay una gran cantidad de cuestiones que están sin resolver”

Inés de Araoz, por su parte, destacó también otras cuestiones que están sin resolver con relación a la norma y que considera áreas de mejora, como pueden ser los retrasos, expedientes denegados, la falta de medios y cómo está funcionando la Seguridad Social, ya que, como afirmó, “la propia norma establece obstáculos”.  

“Hay una previsión en la norma de que los trabajadores sociales de las entidades del tercer sector podamos prestar apoyo en este proceso, pero la propia norma establece obstáculos, porque se habla de entidades de ámbito estatal, y no tiene en cuenta que las entidades de ámbito estatal, muchas de nosotras estamos articuladas con federaciones de ámbito autonómico”, explicó, entre otros apuntes, como la necesidad de enfocar la norma desde “una perspectiva de derechos humanos”.  

La asistencia de un abogado para acceder al IMV

Sobre el proceso de cada trámite, “hace falta celeridad y hace falta apoyo”, expresó la abogada Amparo Iglesias. “Si bien es cierto que en el orden social no es obligatorio acudir con letrado hasta que no llegamos a la fase de suplicación, esa reclamación previa (que tiene en este caso que preparar el solicitante ante una denegación, una ausencia de resolución, y por lo tanto la solicitud desestimada por silencio administrativo) vincula a una posterior demanda, nos ata de pies y manos en un posible futuro proceso judicial”.

Por tanto, recalcó la letrada, “es muy importante que tanto en la solicitud como en esa impugnación y en esa reclamación administrativa previa exista un apoyo jurídico, que ese escrito esté bien fundamentado para que, si nos vuelven a denegar o no nos contestan, en un proceso judicial los derechos del solicitante puedan verse realmente garantizados”.

“La asistencia letrada es imprescindible”, corroboró Ana Abril, indicando que es una de las modificaciones que desde Cáritas piden en la norma.

Estos fueron solo algunos de los temas tratados durante una hora llena de reflexiones y un productivo debate en el que todas las expertas pusieron en común sus impresiones desde cada área de conocimiento, pero que coincidieron y estuvieron de acuerdo en la esencial de la sesión, la de dar visibilidad a las necesidades de los colectivos más vulnerables y el trabajo que queda por delante para que estén aún más protegidos por nuestras leyes.