Qué es silencio administrativo y qué implica
24 Febrero 2025
Consiste en esencia en una figura jurídica que tiene por finalidad proteger a los ciudadanos frente a la inactividad de las Administraciones Públicas.
¿Qué es el silencio administrativo?
El silencio administrativo se produce cuando la Administración no dicta una resolución expresa dentro del plazo legal establecido en el procedimiento.
En este caso, la ley otorga un efecto jurídico a la falta de respuesta y permite que el ciudadano interprete la inactividad de la Administración como una resolución positiva o negativa.
Por ejemplo, si un ciudadano solicita una ayuda o subvención pública y la Administración no responde en el plazo máximo establecido, se entenderá que la ayuda o subvención ha sido desestimada por silencio administrativo negativo.
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¿Por qué se produce el silencio administrativo?
La finalidad de esta figura jurídica es evitar la indefensión del ciudadano frente a la inacción administrativa pues, aunque la Administración está obligada a resolver expresamente todos los procedimientos según el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en muchos casos no cumplen con los plazos acordados.
Tipos de silencio administrativo: positivo y negativo
El silencio administrativo puede ser positivo o negativo.
Positivo:
Si es positivo se considera que la solicitud del ciudadano ha sido estimada si la Administración no responde dentro del plazo legal establecido.
En teoría este es el tipo de silencio que se aplica por defecto, salvo que la norma que regule el procedimiento concreto establezca lo contrario. Aunque la realidad es que en la práctica cada vez más procedimientos recogen expresamente el de tipo negativo. Por este motivo, siempre habrá que revisar en primer lugar la norma que regula el procedimiento.
Siguiendo con el ejemplo que poníamos al inicio, habrá que revisar las bases de la convocatoria para conocer cuál es el sentido del silencio. Lo habitual en este caso es que se indique expresamente que es negativo.
Negativo:
En caso de que el silencio sea negativo, hay que interpretar la falta de respuesta de la Administración como una denegación tácita.
Se aplica en procedimientos donde predomina el interés público o pueden verse afectados derechos de terceros.
De nuevo con el ejemplo anterior, si en las bases de la convocatoria no expresa nada en relación con el sentido del silencio, en este caso sería negativo por aplicación de lo dispuesto en el artículo 25.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, al tratarse de una cuestión que afecta al interés general y de terceros.
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¿Qué supone o implica el silencio administrativo?
Los efectos son diferentes si es positivo o negativo.
El silencio positivo otorga al ciudadano el derecho a lo que ha solicitado, es decir, se genera un acto administrativo presunto con plena validez jurídica siempre que el acto no sea contrario al interés público o al ordenamiento jurídico.
Por ejemplo, no se podría obtener una licencia urbanística por silencio administrativo positivo si lo que se pretende construir es contrario a la normativa urbanística en vigor.
En cambio, el silencio negativo sirve al ciudadano para dar un paso adelante en su procedimiento, es decir, no seguir esperando la respuesta de la Administración indefinidamente pues la ley le permite interponer los recursos administrativos o contencioso-administrativos que correspondan para impugnar la denegación.
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¿En todos los procedimientos puede haber silencio administrativo?
La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación, exceptuando los supuestos de terminación del procedimiento por pacto o convenio, así como los procedimientos relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de declaración responsable o comunicación a la Administración.
Pero la clave está en si se trata de un procedimiento iniciado por el interesado o en un procedimiento iniciado por la Administración.
En los procedimientos iniciados por el interesado la Administración siempre tiene la obligación de resolver y el silencio será positivo o negativo.
En los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa no exime a la Administración del cumplimiento de la obligación legal de resolver, produciendo los siguientes efectos:
- En el caso de procedimientos de los que pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso, la constitución de derechos u otras situaciones jurídicas favorables, los interesados que hubieren comparecido podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo.
- En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución que declare la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones.
Por ejemplo, si es la administración la que me inicia a mí un procedimiento con intención de sancionarme y no resuelve en plazo, el procedimiento puede llegar a caducar y archivarse.
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Referencias legales:
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
