Legálitas LAB y Fundación ONCE impartieron el webinar “La brecha digital. Una educación para tod@s en tiempos de COVID”

En el marco de los “Desayunos Jurídicos”, una trilogía de encuentros virtuales organizados por Legálitas LAB y Fundación ONCE en los que debatir, informar y divulgar temas de interés social relacionados con el mundo del Derecho, el pasado jueves 14 de enero se llevó a cabo la primera de estas sesiones, titulada “La brecha digital. Una educación para tod@s en tiempos de COVID”.

Durante una hora, el desayuno virtual, retransmitido a través de varias plataformas de manera telemática, varios expertos debatieron y expusieron su opinión sobre un tema tan vital como los retos de la educación a distancia que se han visto obligados a implantar los centros educativos desde marzo de 2020, con la llegada de la pandemia por coronavirus. Se debatieron las necesidades del alumnado en general y las de aquellos alumnos con discapacidad, unidas a las desigualdades de recursos que existen entre los hogares españoles, especialmente en cuanto a medios tecnológicos.

La sesión, presentada y moderada por José Luis Martínez Donoso, director general de la Fundación ONCE, y Miguel Ángel Villanueva, director de Relaciones Institucionales de la Fundación Legálitas y Legalitas LAB, respectivamente, contó con la ponencia de especialistas del mundo del Derecho y de los derechos de las personas con discapacidad.

Los retos de la educación “online” para niñas y niños con discapacidad

Así, en primer lugar intervino Jesús Martín Blanco, delegado del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) para la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Martín hizo balance de la gestión de la educación a distancia durante los meses más complicados de la pandemia y recalcó las lecciones que se pueden sacar, tales como que “la pandemia ha dejado al descubierto las carencias en el Derecho en la educación”, afirmó.

Además, quiso hacer hincapié en las familias más desfavorecidas, y es que, durante las clases virtuales por el confinamiento, “tampoco se tuvo en cuenta que la pobreza está muy presente en las personas y las familias que tienen niñas y niños con discapacidad”.

Los retos de la educación a distancia para el alumnado con discapacidad también son una cuestión de conciliación. Como explicó este experto, “hay muchas madres y muchos padres que tienen que dejar su vida laboral para cuidar a sus hijas y sus hijos con discapacidad”.

Entre otros apuntes, se recordó que la brecha digital afecta más duramente a menores con discapacidad, ya que “pobreza y discapacidad se retroalimentan y forman un binomio tremendamente perturbador que incide también y se ha puesto de manifiesto en estas familias que no tenían un Internet de buena calidad, unos recursos como tabletas, móviles, ordenadores de última generación…para que estas niñas y estos niños estuvieran en las escuela”, añadió Martín.

¿Qué preocupaciones sobre las clases a distancia trasladaron los padres a los abogados?

Asimismo, el primer Desayuno Jurídico contó con las aportaciones de la abogada de Legálitas Carlota Zapata Morales, profesional especializada en Derecho Administrativo, quien, entre otros temas, desarrolló la experiencia que se vivió por parte de las familias de una transición abrupta de la educación presencial a una puramente a distancia, así como su opinión acerca de qué estrategias se pueden adoptar conjuntamente desde los ciudadanos, los ayuntamientos y el Gobierno para trabajar en la erradicación de la brecha digital. La letrada explicó, además, entre otros, qué problemas ha originado a los padres el seguimiento de las clases online de sus hijos y las principales consultas que recibieron los abogados de Legálitas al respecto.  

“Muchas familias llamaban preocupadas por la imposibilidad de sus hijos de seguir las clases a distancia, por unos motivos o por otros”, expresó Zapata, añadiendo que se trataba de “básicamente, motivos de conciliación con la vida laboral de los padres y motivos en su mayoría por falta de medios digitales, tanto problemas de conectividad como falta de dispositivos suficientes para ello”.

No obstante, recordó que las sanciones o consecuencias legales negativas para los padres por no poder proveer a sus hijos de una educación en sus casas o de la adecuada tecnología para seguir las clases online no debían ser motivo de preocupación.

Tal como explicó la abogada, “desde Legálitas, se les informaba que, debido a la situación excepcional que estábamos viviendo, el hecho de que las familias no pudieran seguir el ritmo de la educación desde casa no iba a suponer que se tratara de un caso de dejación de funciones por no asistencia de sus hijos a las clases y que, por ello, era alto improbable que se iniciaran procesos de absentismo escolar por faltas de asistencia sin justificar”.

Por otro lado, “sí que se les recomendaba que se contactara con los centros y profesores por otros medios para intentar llegar a soluciones al alcance de las familias”, añadió.

En este sentido, en el contexto de todas sus aportaciones, la letrada recalcó que “tanto centros como docentes han hecho un esfuerzo enorme por tener integradas a todas las familias. De hecho, muchos de los profesores utilizaron sus medios propios”.

Un esfuerzo para estrechar la brecha digital que, como corroboró Jesús Martin, se hizo también por parte de diferentes organizaciones, las cuales se volcaron para proporcionar ayuda a los colectivos de personas con discapacidad.

En esta sesión, por último, se trataron temas y preguntas de los asistentes como la desigualdad de género en cuanto a la crianza de los hijos y la supervisión durante la educación a distancia, tarea que áun recae en exclusiva principalmente en las mujeres, la regulación del homeschooling o educación en casa y qué dice la ley al respecto o el reto del abandono educativo a causa de la brecha digital, entre otros.

En un contexto como el actual, se reflexionó sobre la gestión de la educación a distancia durante la crisis sanitaria desde marzo hasta la actualidad, las carencias de este modelo educativo y si se atiende a las necesidades de cada joven.

En definitiva, fue una prolífica oportunidad para poner de reclamo que ningún alumno, con o sin discapacidad, e independientemente de sus circunstancias económicas, sociales o familiares, debe quedarse atrás cuando se trata de su educación.