Legálitas denuncia la pasividad de Volkswagen presentando demandas en nombre de un millar de afectados

• La situación actual provocada por Volkswagen conllevaría la dilatación de los plazos o incluso la prescripción de los mismos.
• Progresivamente, Legálitas irá presentando nuevas demandas hasta permitir reclamar a los más de diez mil afectados adheridos a su plataforma.​

Legálitas ha presentado demandas colectivas de conciliación en representación de un millar de afectados, como inicio de las acciones judiciales previstas contra el Grupo Volkswagen, en relación al presunto fraude de emisión de gases contaminantes por parte de algunos de sus motores.

Las demandas se han presentado en los Juzgados del Prat de Llobregat de Barcelona y suponen las primeras acciones judiciales realizadas, con la intención de poder sumar a los más de diez mil adheridos a su Plataforma de Afectados, que continúa creciendo día a día.

La decisión se ha tomado ante la pasividad mostrada por Volkswagen, quienes han dejado pasar el tiempo sin plantear ningún tipo de solución concreta o posible calendario en firme de reparaciones al respecto. El tiempo pasa, los vehículos afectados se están devaluado y es el momento de dar un paso al frente para evitar la dilatación del procedimiento e incluso la prescripción de los plazos, asegurando a los clientes que podrán ejercitar sus derechos para exigir una compensación.

El trámite iniciado es el primero de los pasos para exigir a Volkswagen que restituya sus derechos a los afectados. Una vez que la compañía sea emplazada por el juzgado, se podrá conocer si está dispuesta a dar una respuesta satisfactoria a los clientes, circunstancia que se debería conocer en las próximas semanas.

Hasta el momento, se ha procedido a realizar diferentes peritajes a vehículos, como prueba fundamental para la defensa, siguiendo los plazos marcados por la dirección jurídica de la Plataforma Legálitas de Afectados. No obstante, si a pesar de estas acciones siguiesen manteniendo la misma postura adoptada, Legálitas aumentaría la presión judicial iniciando los procedimientos contenciosos en defensa de los derechos e intereses de los afectados.

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