¿Cómo evitar que el 75% de los lesionados por accidente de tráfico se queden sin indemnización?

• La reforma del Código Penal ha provocado que los costes para reclamar se hayan disparado, suponiendo una barrera y un efecto disuasorio para los lesionados con pocos recursos económicos.
• Legálitas alcanza una serie de acuerdos que permitirán a la víctima seguir defendiendo sus derechos sin aumento de coste.

La entrada en vigor de la reforma del Código Penal (1/7/2015) podría suponer para muchas personas la renuncia a reclamar su indemnización o bien que se conformen con una cantidad inferior a la que legalmente les corresponde ofrecida por la aseguradora.

La medida afecta de forma especial a los lesionados leves, que suponen el 75% de las víctimas de accidente de tráfico que reclaman a través de Legálitas. Por ejemplo, los que sufren una cervicalgia, lesión típica cuando un vehículo es golpeado por detrás, reclamarían una indemnización de unos 2.000 euros; un esguince de tobillo en el caso de un motorista (3.000 euros); o un atropello de un peatón con policontusiones (850 euros). En todos estos casos, el coste de reclamar la indemnización podría superar los 2.500 euros de gastos fijos (abogado, procurador, informe médico privado, posible condena en costas) más aproximadamente el 10% de la indemnización, con la lógica consecuencia de que, en la mayaría de los casos, la víctima opte por no reclamar.

Antes del 1 de julio (Vía Penal)

Cuando una persona sufría un accidente de tráfico e interponía una denuncia, era citado por el médico forense del juzgado, que valoraba las lesiones y elaboraba un informe gratuito que establecía la base para el cálculo de la indemnización y facilitaba conseguir acuerdos con las compañías y evitar, en muchos casos, el juicio.

En los casos en los que sí se celebraba juicio el procedimiento era más breve, no era obligatorio personarse con abogado y procurador, y no existía riesgo a ser condenado a pagar las costas; teniendo que abonar únicamente, en caso de contar con abogado, un porcentaje de la indemnización.

Después del 1 de julio (Vía Civil)

La situación ha cambiado drásticamente, despenalizándose las lesiones imprudentes, dejando de utilizarse la vía penal y perdiendo la gratuidad y objetividad del informe del médico forense. El juicio se desarrollará por la vía civil, será más largo y aparece el riesgo de condena a pagar las costas.

A partir de ahora, el lesionado deberá buscar un médico privado que realice el informe (coste de mercado entre 500 y 3.000 €), con la desventaja de que, al ser un médico privado, será más discutido que el del médico forense.

Además, la reclamación conlleva ahora otros gastos: abogado y procurador (obligatorio a partir de reclamaciones de más de 2.000 €, que será el escenario más frecuente); el precio medio del abogado será, como mínimo, de unos 1.200 € y del procurador de unos 300 €, que sumados a los de informe médico se elevarían a más de 2.500 euros, con el consecuente efecto disuasorio para el lesionado que pretenda demandar.

¿Cómo conseguir abaratar los costes del procedimiento?

Para paliar el perjuicio provocado por el cambio legislativo, Legálitas ha diseñado un procedimiento que permita afrontar estos casos y que el lesionado no se vea  afectado, teniendo de este modo las mismas garantías de cobro de la indemnización que le corresponda, sin incurrir en costes superiores.

El sistema se basa en una serie de acuerdos con redes prestadoras de servicios médicos que elaborarán gratuitamente un informe de lesiones y ofrecerán asistencia sanitaria, traumatólogo y rehabilitador, sin coste adicional.

El acuerdo incluye una red de abogados y procuradores con honorarios similares a los anteriores a la reforma penal, por tanto muy competitivos, que permite acelerar el proceso de cobro intentando la negociación y presentando la demanda de forma inmediata.

Por otro lado, en el caso de que la póliza de hogar o auto de la víctima tenga la cobertura de abogado de libre designación o defensa jurídica incluida, será la compañía aseguradora quien se haga cargo de los costes y no la víctima del accidente.

De este modo, Legálitas contribuye con su estrategia procesal a reducir el impacto de la reforma penal, permitiendo a muchas víctimas de accidente de tráfico reclamar sus indemnizaciones sin tener que renunciar por no poder permitirse afrontar estos gastos.