¿Cómo funciona la oferta de subvenciones públicas de las administraciones?

Legálitas y Fandit hemos analizado las subvenciones que las distintas administraciones ofertaron a la población a lo largo del pasado año 2021, llegando a la conclusión de que muchas de ellas quedan desiertas por falta de información o, simplemente, por el tedioso procedimiento que su solicitud lleva aparejado.

Aunque existen ayudas para todo tipo de sectores, el colectivo formado por pymes y autónomos son, a priori, uno de los más activos en la búsqueda de subvenciones. Según los datos de afiliación de la Seguridad Social del pasado septiembre (2021), en España existen más de 2 millones de autónomos, a los que se suman otros 1,3 millones de emprendedores o administradores de empresas.

Setenta mil millones para repartir

A lo largo del pasado año se identificaron 17.152 convocatorias, que pusieron 57.982 millones de euros a disposición de la población y sus empresas, siendo mayo el mes con mayor actividad alcanzando las 2.100 ofertas; y febrero y julio los que mayor cuantía propusieron superando los siete mil millones cada uno.

Teniendo en cuenta que hay diferentes ayudas para un mismo perfil de solicitante, las pymes son el colectivo que mayor cantidad de dinero tiene a su alcance, con un total de 35.216 millones de euros repartidos en las 5.526 convocatorias disponibles; seguido de los autónomos y emprendedores con 32.506 millones, las grandes empresas (20.543 millones), las personas (11.709 millones) que a su vez son quienes más convocatorias disponen con 6.283, entidades sin ánimo de lucro (9.943 millones), entidades públicas (3.008 millones) y distintas asociaciones y fundaciones (1.608 millones).

Poniendo el foco en el mapa autonómico, Cataluña acumula el mayor número de subvenciones (509) y la mayor cuantía disponible con 6.708 millones de euros, seguida por Andalucía con 5.293 millones o Canarias con 4.324 millones. La Comunidad Valenciana ocupa la cuarta plaza con 3.956 millones, seguido del País Vasco con 3.482, Castilla y León con 2.799, Madrid con 2.379, Castilla la Mancha 2.371, Extremadura 1.875, Aragón 1.740, Galicia 1.671, Islas Baleares 1.289, Murcia 992 y Asturias 979 millones. Por abajo, Cantabria oferta 858 millones de euros, Navarra 822 y cierra la lista La Rioja con 650 millones puestos a disposición de quien lo solicite.

Tres de cada diez consultas son sobre subvenciones

En relación con las consultas que reciben los abogados del departamento de Derecho Administrativo de Legálitas, en la actualidad, tres de cada diez están relacionadas con el acceso a subvenciones.

A nivel particular o familiar, las consultas se interesan por ayudas a las personas con dependencia, discapacidad, en riesgo de exclusión social; ayudas a la adaptación de la vivienda, a la mejora de la accesibilidad, becas a los estudios, ayudas al alquiler de la vivienda…

A nivel empresarial, las pymes y autónomos acuden de manera recurrente a los abogados en el momento de optar a diferentes ayudas, muchas relacionadas con la creación de empresas o, en tiempos de pandemia, para la hostelería o el fomento del turismo entre otras muchas.

Precisamente durante la pandemia, las consultas que solicitaron información sobre la existencia de ayudas para paliar los efectos económicos y sociales aumentaron prácticamente al doble: ayudas concretas sobre el impacto de la Covid en las economías familiares y empresariales, a las personas en desempleo, a los hosteleros, al alquiler, etc.

Desconocimiento

Muchas de las personas que buscan asesoramiento lo reciben para poder canalizar su solicitud de ayuda con éxito, pero la realidad constatada por Legálitas y Fandit es que la falta de asignación no se debe, en su gran mayoría, a un incumplimiento de requisitos, más bien, las causas señalan a otro tipo de factores como: falta de información o difusión insuficiente, exceso de comunicaciones que traducimos en sobrecarga generando confusión, o escaso asesoramiento sobre convocatorias concretas.

Si a esta situación le añadimos el contexto que protagonizan pymes y autónomos, podemos afirmar que la poca accesibilidad tiene un impacto aún mayor puesto que, en la mayoría de las ocasiones, este colectivo espera encontrar en las ayudas una herramienta para estructurar o ampliar su negocio.

Además, se ha constatado que muchas de estas ayudas tardan en llegar o nunca llegan por un tema meramente burocrático: ante la cantidad de solicitudes, las administraciones se colapsan y los tiempos de espera son largos, llegando, en algunas ocasiones, en un momento en el que la ayuda ya ha perdido el sentido por haberse extinguido la situación o la motivación concreta que dio origen a la solicitud. En este sentido, es muy importante estar pendiente de los procedimientos e insistir con la Administración en nuestro derecho a obtener una resolución expresa.

Esta situación genera que cada año se queden muchas sin devolver, como las de la Covid, en la que no se repartieron 1.800 millones de un total de 7.000 millones.

La importancia de los plazos en el proceso de solicitud

Los medios de comunicación suelen ser los primeros en anunciar las ayudas que comunican las diferentes administraciones públicas competentes. Pero una cosa es el anuncio y otra muy diferente el momento real en el que dicha ayuda podrá solicitarse formalmente.

Los plazos asociados tienen un impacto directo en la “efectividad” y el porcentaje en el reparto de los fondos. Según una comparativa realizada por Fandit, sobre una misma convocatoria en 2019 en la que había 40 días de plazo para solicitar la ayuda y otra en 2020, en la que solo había 12 días de plazo, el reparto de los fondos alcanzó el 97% en la primera y solo un 12,7% en la segunda.

El primer hito en el proceso será estar muy pendiente de la publicación de las bases en los diferentes boletines oficiales, para conocer los requisitos, documentación y los plazos previstos que, en muchas ocasiones, se trata de plazos muy breves y por tanto habrá que prestar mucha atención para poder presentar las instancias de solicitud.

Una vez presentada formalmente la ayuda o subvención, habrá que fijarse en todas las publicaciones y requerimientos adicionales que puedan producirse. No atender un trámite concreto supone que, directamente, se nos dé por desistidos en la solicitud. Así mismo, una vez resuelto el procedimiento, si este fuera denegado, deberemos fijarnos en los plazos para impugnar dicha resolución si no estamos conformes con la misma.

También hay que tener en cuenta que las subvenciones se otorgan para un fin concreto, si dicha subvención no se destina a tal fin, la Administración podrá revocarla y, en su caso, reclamar las cantidades indebidamente percibidas con intereses.

Por último, hay que señalar que las ayudas y subvenciones se conceden para unas circunstancias muy específicas. Si estas circunstancias que originaron la concesión de la subvención se modificasen, habrá que comunicarlo a la Administración, así, por ejemplo, en el ámbito familiar, si dichas ayudas se dan por la situación económica de los miembros de la unidad familiar, y dicha situación económica cambia, estaremos obligados a comunicar estos cambios.